¿Adiós al cash?

Por Armando Lares

Baja California, a 12 de octubre de 2026

La Cámara de Diputados dictaminó y aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual, es necesario precisar, no prohíbe el uso de efectivo en México. Lo que sí hace es darle a Hacienda la facultad para decidir en qué sectores los medios digitales podrán ser la única opción de pago. Esa diferencia, que se pierde en los titulares, es el centro de esta columna.

La iniciativa la envió la titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2026, como parte del Paquete Económico 2027. La Comisión de Hacienda y Crédito Público la dictaminó el 1 de octubre, absorbiendo dos iniciativas relacionadas de diputados de Morena y del PAN. El 6 de octubre, el Pleno de San Lázaro la aprobó con 330 votos a favor y 122 en contra. Ahora la discusión pasó al Senado.

No es la intención de quien escribe decirle si esta ley es buena o mala, sino explicar qué dice, qué deja para después y qué preguntas quedan abiertas, para que cada quien saque su conclusión.

Su objetivo es promover la adopción de medios de pago digitales y electrónicos: transferencias, tarjetas, códigos QR, NFC y domiciliación. Alrededor de eso amarra tres temas más: inclusión financiera, identidad digital y simplificación de trámites. Es una ley corta, de 22 artículos y 5 transitorios. Más que reglas cerradas, fija bases y reparte facultades.

El artículo que más pesa es el 13, donde se establece que la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que el pago digital podrá ser la única forma de pago. Las autoridades de cada sector emitirán después las reglas y los plazos. Los transitorios dan a Hacienda 15 días hábiles, una vez publicada esta ley, para emitir su primera lista de sectores, en la que se prevé incluir combustibles y casetas, donde ya se está llevando una transición gradual.

Un dato muy interesante es que México sigue pagando en efectivo. Según la ENIF 2024, 76.5% de los adultos ya tiene al menos un producto financiero, pero 73.5% de las compras de 501 pesos o más todavía se paga en efectivo. Tener cuenta no se ha traducido en usarla.

A partir de ahí, el dictamen sostiene que menos efectivo significa menos riesgo de robo y menos gasto en trasladarlo y resguardarlo, tanto para comercios como para oficinas públicas. Además, argumenta que quien cobra en efectivo no puede demostrar ingresos. Los pagos digitales dejan un registro que puede abrir la puerta al crédito formal, sobre todo para emprendedores y para el sector empresarial clasificado como pequeño y mediano.  

Este ordenamiento obligará a los tres órdenes de gobierno a aceptar pagos digitales y a usar la CURP Digital, buscando ahorrar traslados y papeles. No hay que olvidar que en nuestro país el SPEI y CoDi existen desde hace años. La ley busca que esa infraestructura del Banco de México llegue al uso cotidiano, incluido el cobro por QR en terminales donde hoy solo pasa tarjeta.

Dentro del proceso hubo mesas de trabajo con diversos sectores, en una de ellas la Concanaco reconoció que el cambio hacia lo digital es real y no debe frenarse, aunque pidió atender las barreras de los negocios.

Las objeciones no van tanto contra el objetivo como contra el diseño. Unas son jurídicas y otras prácticas. Esto, porque la ley no define qué es un "sector estratégico" o una "actividad relevante", ni fija criterios para elegirlos. El alcance real de la obligación de pagar solo en digital lo decidirá Hacienda por acto administrativo, no el Congreso. Además, "áreas estratégicas" ya tiene un significado propio en el artículo 28 constitucional, lo que puede generar confusión.

La oposición cuestionó si actualmente existen condiciones de conectividad para que todos entren a este nuevo sistema, argumentando que aún hay comunidades sin señal estable y personas sin cuenta bancaria que dependen exclusivamente del uso del efectivo. Esto, sin pasar por alto que cobrar con terminal cuesta, y esta ley promueve el uso de QR y CoDi, pero no regula las comisiones que hoy impiden que actualicen sus formas de pago desde las empresas pequeñas hasta el señor de la tiendita.

Otro dato interesante es la relación con ordenamientos ya existentes. Por un lado, con esta nueva disposición se busca que a mediano y largo plazo se reduzca el uso del efectivo. Por otro, la Ley Monetaria establece que las monedas y los billetes del Banco de México son un medio para cumplir las obligaciones de pago, además de que los billetes tienen poder liberatorio ilimitado. Mientras la Ley Monetaria no sea reformada, la contradicción descansa en un transitorio genérico del dictamen que dice: "Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan".

Ahora, en lo que hace al sector inmobiliario, en la popularmente conocida como Ley Antilavado el uso de efectivo ya tiene límites, pues en ella se identifica a la compraventa, los servicios de blindaje y el arrendamiento de inmuebles como actividades vulnerables, y se les fija un límite que prohíbe pagar en efectivo la compraventa por encima de 8,025 UMA, y otro de 3,210 UMA en el arrendamiento o el blindaje, por lo que resulta interesante saber cómo se coordinarán ambos regímenes.

En Baja California hay matices propios. Somos frontera, con una economía que circula en pesos y dólares, mucho de ello en efectivo, y la ley no se ocupa del dólar ni de otras monedas extranjeras. Los ayuntamientos de los municipios grandes (Tijuana, Mexicali y Ensenada) ya tienen avances en los pagos digitales y el uso de ventanillas únicas. Lo complicado podría ser el resto del estado, donde los municipios más chicos y los de nueva creación tendrán que adaptar sus cajas para cobrar en digital sin recursos federales adicionales.

Digitalizar los pagos es una tendencia mundial que ya está en marcha. Lo que se ha venido discutiendo es el ritmo, y quién y cómo se decide. Esta ley responde a ambas preguntas dejando mucho en manos de la autoridad administrativa. ¿Y usted cómo la ve? ¿Considera que estamos listos para que algún día dejemos de escuchar la clásica frase ¿No tendrá un billete más chico, oiga?.

Armando Lares es abogado, consultor legislativo y analista de política. Escribe sobre cómo la ley y las decisiones públicas impactan el patrimonio en Baja California. Más en armandolares.mx Contacto: abogado@armandolares.mx