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El interrex del INE

Con Fundamento

Por: Armando Lares

 

TIJUANA BC 19 DE NOVIEMBRE DE 2026.- Cuenta la historia que en la antigua Roma, cuando la República se quedaba sin cónsules, el Senado nombraba a un interrex, un gobernante de paso que duraba cinco días en el cargo y cuya única tarea era conducir la elección de los nuevos titulares. Si no había acuerdo, se nombraba otro interrex, y luego otro, y así la interinidad podía alargarse por meses. En el año 52 a.C., en medio de disturbios y sin elección a la vista, Roma optó por una salida peculiar: nombró a Pompeyo cónsul sin colega, es decir, concentró en un solo hombre el poder que la República había diseñado para dos.

 

Esto viene al caso por lo que hoy vive el Instituto Nacional Electoral, que tiene presidenta provisional, una treintena de bajas en sus mandos y una Cámara de Diputados que no se pone de acuerdo para nombrar a quien deba encabezarlo, y todo a unos meses de la elección intermedia.

 

Para entender cómo llegamos aquí hay que irse al fundamento. El artículo 41, Base V, de la Constitución establece que el INE es un organismo autónomo cuyo órgano superior de dirección es el Consejo General, y que su actuación se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La palabra que importa es Consejo; el Constituyente no diseñó una oficina unipersonal, sino un órgano colegiado.

 

La reforma de 2024 al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales caminó en sentido contrario, pues le dio a la presidencia la facultad de nombrar directamente a los titulares de las áreas ejecutivas y técnicas, sin pasar por el resto de las consejerías. Los consejeros acudieron a la Suprema Corte y la Corte dejó firme la reforma. En lo jurídico, el asunto quedó cerrado; en lo institucional, apenas empezaba. Como a Pompeyo, a la presidencia del INE se le hizo cónsul sin colega.

 

Con esas facultades, Guadalupe Taddei integró su Junta General Ejecutiva. Lo que siguió es conocido: filtraciones sobre presuntos conflictos de interés con proveedores de material electoral, la renuncia el 26 de octubre, cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, irregularidades por más de 43 millones de pesos detectadas en juntas de cuatro estados y una revisión que abarca operaciones por casi nueve mil millones desde 2014.

 

Aquí conviene hacer una precisión de abogado: todo lo anterior son señalamientos e investigaciones en curso, no responsabilidades determinadas, y la presunción de inocencia no se suspende por el tamaño del escándalo. Pero el daño institucional ya está a la vista de todos, y no lo mira quien no quiere hacerlo.

 

Mientras tanto, Blanca Cruz asumió la presidencia provisional con un mensaje acertado: el INE no fue concebido para depender de una sola voluntad. El problema es que su encargo, como el del interrex, depende de que otros se pongan de acuerdo, y eso no ha sucedido.

 

La designación definitiva corresponde a la Cámara de Diputados, por mayoría calificada y con la evaluación previa de un comité técnico; si no hay consenso, la propia Constitución prevé la insaculación, que no es otra cosa que la tómbola. Así llegó Taddei en 2023. Hoy la Junta de Coordinación Política no logra sacar ni siquiera la convocatoria: Morena quiere publicarla, el PAN pide cambiar las reglas de evaluación, el PRI dice no confiar en el proceso y Movimiento Ciudadano exige reformar primero el artículo 45. Mientras se echan la bolita, la ley no fija un plazo para la designación, por lo que el interinato puede alargarse sin fecha.

 

El gobierno sostiene que el INE se tiene que sanear, y en lo inmediato tiene razón, pues nadie puede defender contratos opacos ni nombramientos a modo. La oposición teme que el escándalo se use para debilitar la autonomía del árbitro, y su preocupación también tiene base, ya que las designaciones de consejeros de este año se aprobaron sin sus votos. Ambas posturas tienen algo de cierto; lo que no admite matices es el texto constitucional: sanear sí, someter no.

 

Por ello, la salida tiene que ser con fundamento. Primero, reformar el artículo 45 para devolver al Consejo General los nombramientos ejecutivos; hay seis iniciativas en el Congreso y coinciden en lo esencial. Segundo, emitir una convocatoria con un comité técnico independiente y plazos ciertos. Tercero, concluir las investigaciones con debido proceso, sin linchamientos, para que la sanción alcance a quien deba y no al personal profesional que nada tuvo que ver.

 

En Baja California el tema no es menor. En 2027 elegiremos gubernatura, Congreso local, ayuntamientos y diputaciones federales en una jornada concurrente donde el INE es responsable de instalar las casillas. Esta tierra, que en 1989 vivió la primera alternancia en una gubernatura, sabe mejor que nadie que la confianza en el árbitro no se decreta: se construye en cada elección y se pierde en una sola crisis mal resuelta.

 

La solución no es técnica, es política. Los partidos tienen frente a sí la oportunidad de demostrar que pueden ponerse de acuerdo en lo único que debería unirlos: que el árbitro sea confiable para todos, gane quien gane o pierda quien pierda.

 

Lararium: “La UIF a tus pies”.

 

Armando Lares es abogado y analista. Desde la práctica jurídica escribe sobre las leyes y decisiones públicas que tocan la vida diaria de los bajacalifornianos. Escríbele en abogado@armandolares.mx o síguelo en @ArmandoLaresMX.