Por: Armando Lares
Baja California, a 06 de noviembre de 2026
México se encamina a las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se elegirán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 2 mil diputaciones locales y ayuntamientos, con una amenaza que ya no se limita a la violencia: los especialistas advierten que el crimen organizado pasó de la agresión directa a la captura sistemática de candidatos, al ser más barato colocar gente propia que disputar el territorio al Estado. El antecedente pesa: en los comicios de 2024 fueron asesinados 34 aspirantes a alcaldías. La respuesta institucional llegó con la reforma que contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que funcionará dentro del INE, y que la Suprema Corte validó por mayoría de votos a inicios de octubre. Es un paso relevante, pero con límites claros: el propio diseño establece que el INE actuaría únicamente como intermediario entre los partidos políticos y las autoridades de inteligencia y procuración de justicia, sin emitir diagnósticos ni declarar inelegible a ningún aspirante. Al final, la decisión sigue en manos de los partidos.
Baja California no es ajena a este escenario. En el proceso de 2024 nuestro estado apareció en nivel "alto" de riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales, junto a entidades como Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y analistas ubican a la entidad en una región donde la fragmentación derivada de disputas internas del Cártel de Sinaloa ha generado procesos de atomización criminal. Tenemos memoria reciente: en la jornada de 2021, en una casilla de la colonia Terrazas del Valle en Tijuana se encontró una cabeza humana, en otra se arrojaron restos humanos, y en Mexicali varios hombres irrumpieron en una más y robaron urnas. A diferencia de estados donde la violencia se dirige contra candidatos, aquí el riesgo es más silencioso: la presión territorial a nivel municipal y el dinero en efectivo que no deja rastro. Con gubernatura, Congreso local y siete ayuntamientos en juego, Baja California necesita algo más que confiar en un filtro federal.
En México este problema no es nuevo ni teórico. En las últimas décadas, más de un exgobernador mexicano ha terminado en prisión, incluso en cárceles de Estados Unidos, por lavar dinero del narcotráfico o por proteger a organizaciones criminales durante su mandato. Hoy, la sombra alcanza también a mandatarios en funciones, cuya reputación ha quedado comprometida por señalamientos públicos de presuntos vínculos con grupos delictivos. Corresponderá a las autoridades probar o descartar cada caso, pero el solo hecho de que la duda exista ya erosiona la confianza ciudadana y demuestra que, cuando el crimen logra colocar o financiar a un candidato, el costo no se paga en una elección: se paga durante todo un sexenio.
Por ello resulta preocupante la situación del árbitro electoral: el INE atraviesa una crisis institucional. El Consejo General aprobó un plan de auditorías y controles ante los señalamientos de corrupción en contrataciones, y las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades en contratos de material electoral, mientras la Auditoría Superior revisará 25 años de adquisiciones del instituto. Las acusaciones, además, alcanzan a distintas administraciones del organismo, lo que confirma que el problema es estructural y no de una sola gestión. Todo esto ocurre a siete meses de una elección en la que se renovarán unos 20 mil cargos de todos los niveles, y precisamente dentro del INE operará la comisión encargada de verificar la integridad de las candidaturas. La pregunta es inevitable: ¿puede un árbitro señalado por una red de corrupción interna contener la intromisión del crimen organizado?
Otros países ya han recorrido este camino. Italia, desde 1991, permite disolver concejos municipales infiltrados por la mafia y administrarlos temporalmente con comisionados, además de que su Comisión Parlamentaria Antimafia, un órgano bicameral creado para investigar a organizaciones como la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta o la Camorra, revisa las listas y señala públicamente a los candidatos cuestionables antes de cada elección. Colombia adoptó en 2009 la figura de la "silla vacía": si un legislador es condenado por vínculos con grupos armados, su partido pierde el escaño y no puede reemplazarlo, lo que obliga a las dirigencias a cuidar a quién postulan.
En Baja California podríamos avanzar sin esperar a la federación: un convenio formal entre el Instituto Estatal Electoral, la Fiscalía y una unidad de inteligencia financiera estatal para revisar perfiles municipales; topes estrictos al uso de efectivo en campañas; protocolos de protección para aspirantes desde la precampaña, y una sanción a los partidos, inspirada en el modelo colombiano, cuando postulen a quien después resulte vinculado al crimen.
Blindar la boleta no es tarea de una comisión, sino de un sistema completo que haga más caro para los partidos equivocarse que hacer bien su trabajo. Y ese sistema empieza por blindar a quien la cuida.
Lararium: “Hay quien pasó años señalando desde la banqueta de enfrente; hoy defendera y aplaudira desde la primera fila. La memoria también es un voto.”
Armando Lares es abogado y analista. Desde la práctica jurídica en Baja California, escribe sobre las leyes y decisiones públicas que tocan la vida diaria de los bajacalifornianos. Escríbele en abogado@armandolares.mx o síguelo en @ArmandoLaresMX.